Miami (23 de diciembre de 2011) – La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de “aviesas” las intenciones del gobierno de Argentina para controlar la libertad de prensa mediante la aprobación de una ley sobre la fabricación, venta y comercialización de papel para periódicos, al tiempo que confía en la justicia para dejar sin efecto una “legislación que es claramente anticonstitucional por su claro avasallamiento a principios sobre libertad de expresión”.
El presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que la institución “lamentó el avance del gobierno sobre la libertad de prensa de parte del Congreso argentino”, en reacción a la aprobación ayer de la ley por la cual declara de interés público la producción, venta y distribución de papel para diarios.
Mohme agregó que “ahora nos resta esperar que las partes afectadas acudan a la justicia; y estamos seguros que un eventual fallo no podrá desconocer que esta legislación avasalla el artículo 32 de la Constitución Argentina y principios de jurisprudencia interamericana que prohíben la promulgación de leyes que afecten la libre distribución de las ideas”.
La ley, aprobada por el Senado nacional con 41 a favor, 26 en contra y una abstención, regula a través del Ministerio de Economía los precios, la comercialización y la producción del insumo, cuya principal manufactura en el país está a cargo de la empresa Papel Prensa, de la que son socios los diarios Clarín y La Nación, junto al Estado como accionista minoritario.
La SIP ya se había pronunciado en reiteradas oportunidades sobre los avances legales, judiciales y administrativos que propició el gobierno contra Papel Prensa, a los que calificó de “intenciones aviesas” por controlar la libertad de prensa.
La SIP también mostró su sorpresa esta semana por otros episodios que afectaron a diarios argentinos, de los que sospecha no fueron hechos aislados.
En ese sentido, manifestó su preocupación por la intervención judicial y el allanamiento el 20 de diciembre de la sede del canal Cablevisión en Buenos Aires, empresa del Grupo Clarín, por considerarla un acto excesivo de fuerza pública sobre un conflicto que, de existir, debería ser resuelto por métodos más apropiados.
El allanamiento, en el que participaron 50 policías militares armados, fue una medida judicial por una denuncia del grupo mediático Vila-Manzano de la provincia de Mendoza, contra la fusión de los canales de Grupo Clarín, Cablevisión y Multicanal, por presunto abuso de posición dominante. La unificación de los canales fue autorizada en 2007 y revocada en 2010. La decisión judicial también dispone la intervención de la empresa por un año y la separación de los canales en 60 días.
La SIP también observó con inquietud otra decisión judicial del 22 de diciembre que afecta el patrimonio del diario La Nación de Buenos Aires y de otros 22 diarios argentinos. Por solicitud de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un juez federal tributario decidió la inhibición general de los bienes de La Nación por una polémica deuda impositiva de vieja data. La Corte Suprema de Justicia había fallado en 2009 favoreciendo a las empresas periodísticas con la suspensión del pago de la deuda, un elemento que no fue tenido en cuenta por el magistrado que dispuso esta semana la inhibición de los bienes.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor visite http://www.sipiapa..org
