Carlos Samir Cárdenas Cartaya, preso en el Combinado del Este, inspirado en el valor de Orlando Zapata Tamayo, denuncia su situación.
El 1ro. de noviembre de 2004 en la Prisión 1580, radicada en el Municipio San Miguel del Padrón, en Ciudad de La Habana, recibí una brutal golpiza por rehusarme a ser trasladado desde una celda donde me encontraba hacia otra que estaba desprovista de las más elementales condiciones de vida. La celda en cuestión no tenía ni agua, ni baño, ni luz, ni ventilación, quiere decir ni aire para respirar. Por rehusarme a ser trasladado a esa celda, me dieron una golpiza, me arrastraron por todo el piso, me trancaron en esa celda y después para justificar todo eso me llevaron a la Estación de Policía de San Miguel del Padrón, ese mismo día en horas de la noche y me hicieron una denuncia de un supuesto delito de atentado, donde falsificaron pruebas, en la cual supuestamente yo había agredido a uno de los oficiales que me golpeó y me llevó para esa celda sin condiciones de vida. Al cabo del tiempo me llevaron a la Sala 1ra. del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana y me sancionaron a 4 años por el delito de atentado al Jefe de Orden Interior de la 1580.
Carta dirigida a Hortensia Bonachea Rodríguez, directora de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios.
De tantas cartas que le he dirigido,, esta se la estoy haciendo precisamente mirando su foto aparecida en el periódico Granma, el 10 de diciembre de 2009, del artículo “Para preservar la legalidad en los Centros Penitenciarios”. Debajo de la misma se lee; “Los internos tienen el derecho Constitucional de dirigir quejas o peticiones a las autoridades y recibir la atención o respuesta pertinente” Desde julio de 2007 le estoy escribiendo que el 1ro. de noviembre de 2004, estando en la Prisión 1580, recibí una brutal golpiza por rehusarme a ser trasladado de la celda donde me encontraba hacia otra que carecía de las más elementales condiciones de vida.
Para justificar todo esto fui llevado a una Estación de Policía y acusado de un supuesto delito de atentado, desde julio de 2007 estoy esperando que a razón de mis escritos, realicen una investigación que corrobore mis argumentos.
¿Qué ha hecho Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios? Absolutamente nada. ¿Cómo es posible que yo lea en este artículo, que existen Fiscales facultados para el cumplimiento de la legalidad en cualquier Centro de Reclusión y no se comprueben todas las violaciones que sufrí en la Prisión 1580 por los oficiales Denis Hernández Ribaus y Ariel Ramírez Díaz?
¿Cómo se entiende que usted diga, para el periódico que es el Órgano Oficial del Partido Comunista, diario que lee Cuba entera, que para garantizar los derechos individuales de los reclusos, los Fiscales utilizan dos vías: visitas a los Centros Penitenciarios y la otra quejas o reclamaciones del propio interesado, y en mi caso en dos años y medio no me han garantizado nada?
Señora Directora, dos días antes de salir a la luz pública este artículo, el Fiscal de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios, Gustavo Pompa Fonseca, en visita realizada aquí, me espetó que ellos no hacían revisión de causa y que le hiciera una solicitud al Ministerio de Justicia. Entonces le reclamé lo que exactamente necesito y es función de un Fiscal en Establecimientos Penitenciarios, que visitara la Prisión 1580 e investigara si realmente, a razón del cargo y funciones de trabajo de Ariel Ramírez Díaz, existió el bastón de defensa en el momento de los hechos, con el que según cometí el delito de atentado al oficial Denis Hernández Ribaus.
Este Fiscal –cínicamente- en compañía de otros dos fiscales, no atendió a mis razones y fue tanto el insulto y la indignación que padecí al ver que estos funcionarios no querían defenderme mis derechos, que ese mismo día me declaré en huelga de hambre. Precisamente cuando circuló en todo el país este artículo, donde también se puede leer: “Trabajamos las investigaciones bajo un enfoque dirigido a lograr la multilateralidad, yo me encontraba alrededor de 40 horas sin comer y sin tomar agua por no querer Gustavo Pompa y compañía, investigar sobre lo ocurrido en el destacamento de celdas de la Prisión 1580.
Nunca he querido que el Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios me haga una revisión de causa, sólo deseo que ustedes demuestren que se violó la ley conmigo, que significará la injusta sanción que recibí.
¿Por qué se violó la ley conmigo? ¿Es legal que dos oficiales del Orden Interior de esa Prisión me hayan querido trasladar para una celda sin agua, sin baño, sin luz, sin ventilación? ¿Es legal que debido a mi negativa sea golpeado brutalmente, llevándome a rastras por todo el pasillo? ¿Es legal que para justificar ese hecho me acusen de un delito de atentado? ¿Es legal que para sustentar esa falsa denuncia, fabriquen pruebas?
Denis Hernández Ribau, jefe de Orden Interior y Ariel Ramírez Díaz, jefe del Destacamento de las Celdas de la Prisión 1580, primero: violaron el artículo 133 del Código Penal, al llevarme a una celda prohibida por los Derechos Humanos de la
Convención de Ginebra para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas 10 y 27, en la que Cuba es Estado parte; segundo, violaron el artículo 58 de la Constitución de la República y el 30 inciso 11, del Código Penal, al atentar contra mi integridad física y tomar una medida que significó menoscabo a mi dignidad. Tercero, violaron nuevamente el artículo 133 del Código Penal al llevarme a la Estación de Policía de San Miguel del Padrón y hacerme una denuncia totalmente falsa, violando también el Artículo 154 de la Ley 62. Estas violaciones las conocen además de Hortensia Bonachea Rodríguez, Idania Filot Navarro, sub directora de Protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General de la República; Yamila Peña Ojeda, jefa de la Fiscalía de Ciudad de La Habana; Caridad Corujo Vázquez, jefa del Departamento de Control de la Legalidad de la Fiscalía de Ciudad de La Habana; Yerenia Borrego, jefa de Protección de Derechos Ciudadanos de la Fiscalía de Ciudad de La Habana; Francisco Rodríguez Montes de Oca, Fiscal de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios; etc., etc., etc.
¿Será posible que ninguna de estas personas haya pensado en todo este tiempo esclarecer esta clara denuncia? La respuesta es que no quieren hacer su trabajo, para no tener que perjudicar a dos oficiales del Ministerio del Interior.
El artículo 109 de la Ley de Procedimiento Penal desnuda la esencia de la Fiscalía en este país: “El Fiscal como representante de la Legalidad Socialista garantiza: primero, que se esclarezcan los actos punibles, se establezca la verdad objetiva, y sean acusados ante los Tribunales las personas que los hayan cometido. Segundo: se respete la dignidad del ciudadano y en ningún caso se le someta a restricciones ilegales de sus derechos. Tercero; se cumpla estrictamente la Ley y demás disposiciones legales en las actuaciones de la instrucción que durante la fase preparatoria realice el instructor”.
¿Se cumplió esto conmigo? Primero: se me instruyó por una supuesta agresión, después sin tener conocimiento se me procesó por otra agresión mucho más grave, que tampoco ocurrió. Segundo: Falsificaron un certificado médico de una lesión inexistente. Tercero: No visitaron el lugar de los hechos, ni tomaron declaración a internos que fueron testigos de lo que sucedió.
Nunca dejaré de reclamar que restituyan mis derechos humanos, severamente transgredidos en esta historia.
En espera, incansablemente, de su más gentil atención,
Carlos Samir Cárdenas Cartaya
Interno de la Prisión Nacional Combinado del Este
Edificio 2, Tercer Piso Norte, compañía 23-12
