Activistas de la JACU
Una información de Eriberto Liranza Llorente
En horas de la mañana de este viernes 14 de Mayo, un fuerte operativo policial dirigido por la Seguridad del Estado, irrumpió en la vivienda del opositor Lilvio Fernández Luis ubicada en la Calle Güasimal, en Párraga, Arroyo Naranjo. El objetivo de tan aparatoso despliegue, fue realizar un registro a su residencia, de donde los sicarios del régimen incautaron los medios de trabajo del Movimiento “Juventud Activa Cuba Unida” (JACU), también destruyeron parte de la biblioteca “William Morgan” la cual dirige este defensor de los Derechos Humanos. Al joven opositor lo detuvieron en el cuartel general de la Seguridad del Estado conocido como “Villa Maristas” donde estuvo bajo proceso investigativo y en un estricto aislamiento, incomunicado de su esposa y familiares, lo liberaron horas más tarde pero sin devolverle los medios de trabajo ni los documentos incautados.
En el lugar se encontraba el también opositor Reynier Vera Martínez, quién minutos antes había recibido en su casa una citación del oficial “Alejandro” para que se presentara en la Unidad Policial de Aguilera, en el municipio 10 de Octubre, luego de ser conducido por los oficiales a esta Unidad lo amenazaron con aplicarle la Ley 88, según declaraciones del joven, lo presionaron para que firmara un acta de advertencia, y se negó a firmar manifestando que de lo único que puede ser acusado, es de ser un defensor de los derechos de los cubanos y los suyos propio. Al joven Reynier Vera se le impide salir de la capital del país y se encuentra en espera según los oficiales de la policía política, de ser llamado por la Fiscalía General de la república para ser procesado por el régimen con la infame ley mordaza.
Igual suerte deparó la policía política para el disidente Damián Sánchez Sáenz, miembro del centro de Información de la “Comisión Martiana de Atención al Presidio Político en Cuba” y Activista de “JACU” -a diferencia de Reynier- Sánchez Sáenz sí se presentó en la Unidad Policial debido a previa citación de la Seguridad del Estado, dejándole claro los oficiales en la misma, que de no presentarse podría ser multado o llevado a prisión.
Ciudad de La Habana, 24 de mayo de 2010.
