Por: Martha Beatriz Roque Cabello
Una de las expresiones del ex presidente Fidel Castro, que no se le olvida a los cubanos de la generación del 59 es: Elecciones ¿para qué?, que se puede sobreponer a otra, aunque no ha salido de su boca, es una forma que ha aplicado el gobierno en su método de dirección: Leyes ¿para qué? La respuesta a esta pregunta es bien sencilla: “Para violarlas”
Algunos disidentes dentro del país –en minoría- votan porque se respete la Constitución de la República y piensan que con ello se superarán algunos de los problemas que tiene la sociedad cubana, sin necesidad de que haya un cambio en el gobierno. Como apostamos a la democracia, hay quienes están en total desacuerdo con estas teorías, para este grupo de opositores -que sin dudas es mayoritario- esto es algo impensable, ya que para solventar las grandes dificultades que tiene este pueblo, hay que sacar “el mal” de raíz y sustituir todos aquellos que estuvieron relacionados con él; a estas alturas no caben medias tintas.
Es tan obvio el incumplimiento de las legislaciones y además el régimen lo hace con total descaro, que sería en vano pensar que todas esas algarabías de los discursos de Raúl Castro, hablando sobre la institucionalización del país y de poner orden en la economía y la sociedad, son tomadas en serio; es nada más que una perorata virtual para los ingenuos que quieren creerlo.
En fecha reciente se celebró “El Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado”, según fue determinado por el Decreto Ley 279 de 6 de octubre de 2010. El periódico Granma mostró un Editorial en el que define que el Gobierno continuará condenando y enfrentando el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, dondequiera que se cometa y cualesquiera que sean las razones esgrimidas por sus autores.
Después de leer este Editorial, para aquellos que han vivido los últimos acontecimientos políticos del país es válida la pregunta: ¿está eximido el régimen cubano de ser un ejecutor del terrorismo de Estado? La contestación sería un NO mayúsculo. Alrededor de 600 disidentes detenidos, arbitrariamente, con un uso desmedido de violencia policial, principalmente contra las mujeres; y violando todo lo establecido por ellos mismos, es sencillamente una de las muchas respuesta que tendría esta interrogante.
Se pudieron constatar -en estos días- opositores dados como desaparecidos, porque no son registrados oficialmente -como está establecido por el propio Ministerio del Interior- en las listas de las Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria a donde son conducidos por la Seguridad del Estado. Medidas cautelares de permanecer dentro del domicilio, sin haber sido emitido documento alguno por la autoridad competente, sólo por la palabra de un oficial que diga: “Hay órdenes de arriba de que no puedes salir de la casa, porque si sales te detendremos”
Ciudadanos cubanos, que por el solo hecho de pensar diferente a quienes detentan el poder, no pueden salir de sus municipios, ni moverse libremente por el país. Otros a los que no se les permite ni siquiera asistir a una actividad diplomática. Han llegado incluso al extremo tortuoso de introducir un pañuelo en la boca de un disidente para que no pueda gritar, sin valorar siquiera a qué enfermedades podría ser sometida esta persona, con un artículo de uso personal que puede tener –como mínimo- desprendimientos orgánicos de su dueño.
Estos son algunos ejemplos de la forma en que se impone el terrorismo de Estado, pero es que no solo son los disidentes las víctimas de este método de mantener el poder, también lo es la nación cubana en general. A cada ciudadano se le impone el pánico y se le violan sus derechos.
Es por eso que hablar de “vidas segadas por el odio”, durante la velada del pasado 5 de octubre, no le corresponde a un gobierno que comenzó su mandato fusilando, llevando hombres y mujeres a prisión y despojando de sus bienes a una parte considerable de los cubanos. Todavía retumban en los oídos de muchos los gritos de ¡Paredón!; y los actos de repudio a las personas que se inscribieron para salir del país cuando la crisis del Mariel. Siempre la misma respuesta: “es el pueblo”.
Sin embargo, las mentiras y las violaciones de lo legislado, ya toman niveles escandalosos. En el acto que se celebró en el llamado “Monte de las Banderas”, frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América, a las 12 de la noche se izaron 138 banderas cubanas a media asta, en contra de lo establecido en el Reglamento de la Ley de los símbolos nacionales, (Decreto 143/88) que regula la hora de izar la bandera a la salida del sol.
Por su parte la periodista Alina Perera Robbio del Diario Juventud Rebelde, aseguró que en todo el archipiélago los estandartes patrios estarían izados a media asta el 6 de octubre, en todo el archipiélago. Pero la realidad fue otra, en una muestra tomada en tres regiones del país: occidente, centro y oriente; ni siquiera llegó al 3% el número de banderas a media asta.
¿Y dónde estaba el Partido Comunista de Cuba para chequear esta tarea política? ¿Quién era responsable de ello en el Buró Político o en el Comité Central? Y si por “Ley” este es un día luctuoso, comparable a un duelo oficial, ¿quién hace cumplir la “Ley” en Cuba?
Para hacer estos grandes ridículos nacionales no hace falta seguir legislando, de todas formas da lo mismo, la isla se ha convertido en un barco que se llena de agua y se hunde lentamente en su propia tragedia nacional.
La Habana, 10 de octubre de 2011.
La reciente publicación del informe que anualmente da a conocer la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
