Viernes 21 de marzo de 2008 - Editorial II - LA NACION.COM
Con el comienzo de la guerra contra Irak como pantalla, el régimen cubano encarceló a 75 disidentes políticos en marzo de 2003. De ellos, 55 siguen en la cárcel y uno falleció; 29 eran periodistas independientes.
Cinco años después de aquella razia, Raúl Castro debe liberar a los 20 periodistas que aún permanecen en prisión en cumplimiento del tratado internacional que protege la libertad de expresión, suscripto a fines de febrero por el canciller Felipe Pérez Roque.
Frente a la rigidez del régimen cubano, estrenado por Fidel Castro en enero de 1959 y continuado por su hermano Raúl desde el mes último, el coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, presentó en Madrid un trabajo cuya autoría comparte con Mónica Campbell y María Salazar.
En él se insta a Raúl Castro a liberar de inmediato y sin condiciones a todos los periodistas encarcelados; anular las condenas de los nueve periodistas que fueron liberados con licencia extrapenal por razones de salud; asegurar la atención adecuada de todos los periodistas bajo custodia del gobierno, y cumplir con todos los compromisos adquiridos bajo la reciente firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de modo de que los periodistas puedan trabajar en libertad y sin temor a represalias.
Precisamente, el artículo 19 de ese tratado reza: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Poco espacio le queda al régimen, entonces, para persistir en su actitud represiva contra los periodistas y los disidentes.
Se sabe: Cuba es uno de los países con más censura del mundo. El Partido Comunista Cubano controla el trabajo informativo por medio del propagandista Departamento de Orientación Revolucionaria. Los derechos de prensa sólo se otorgan "conforme a los fines de la sociedad socialista", según la Constitución. Esto limita el ejercicio profesional y fomenta la autocensura.
Son ilustrativos, al respecto, los Indicadores de periodismo y democracia a nivel local en América latina , que prepara cada semestre Fernando J. Ruiz, investigador asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
En su última edición, Ruiz señala: "Cuba mantiene el control de la comunicación pública durante la transición sucesoria. El liderazgo de Raúl Castro no ha generado ninguna señal de apertura en el ámbito de los medios de comunicación oficiales y mantiene un muy alto nivel de represión sobre la comunicación disidente en el interior de la isla".
Cuba es el segundo país con mayor número de periodistas presos después de China. El trabajo de Lauría, titulado La larga primavera negra de Cuba , recuerda que tanto el pacto citado como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, propagan y codifican los derechos fundamentales originalmente trazados por la histórica Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Lamentablemente, los periodistas encarcelados viven en condiciones inhumanas; su salud se deteriora con rapidez. En febrero último, dos de ellos, José Gabriel Ramón Castillo y Alejandro González Raga, fueron liberados y expulsados con sus familias. Los recibió en Madrid el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Conocida en Cuba como la primavera negra, la ofensiva contra la prensa independiente mostró al mundo que el gobierno de Castro estaba dispuesto a aplastar a la disidencia y a tolerar protestas prolongadas de la comunidad internacional -dice el CPJ-. Los periodistas presos en la ofensiva eran miembros importantes de un movimiento que se originó a mediados de los noventa, cuando Raúl Rivero creó la agencia de prensa Cuba Press y Rafael Solano fundó su homóloga, Havana Press. El objetivo era poner a prueba la libertad de expresión al presentar reportajes y artículos críticos sobre la controlada vida en la isla a medios de prensa extranjeros."
Es de esperar que, frente a la gradual apertura que parece insinuar Raúl Castro, los periodistas independientes y los disidentes políticos encarcelados desde el operativo que empezó el 18 de marzo de 2003 recobren su libertad de inmediato y sin condicionamientos de ningún tipo. No es tolerable que un régimen como el cubano se ufane en las Naciones Unidas de haber firmado pactos vinculados con el siempre reclamado respeto a los derechos humanos y, luego, no los acate.
La comunidad internacional debe aunar esfuerzos frente a los atropellos y presionar aún más, si es necesario, para que algo tan esencial como la garantía del ejercicio de las libertades de expresión y de prensa sea uno de los primeros pasos del remozado régimen en el deseable tránsito hacia una democracia más acorde con las necesidades de su pueblo y, desde luego, con estos tiempos.
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