El Gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que se han producido avances en materia de derechos humanos en Colombia, y denunció, por contra, 'totalitarismo' en Cuba y represión a los medios de comunicación y opositores en Venezuela.
 Elogios para colombia y reproches para cuba y | |
El Congreso estadounidense tiene en consideración este informe a la hora de aprobar ayuda económica y militar a otros países.
En América Latina, el informe destaca que Cuba permanece bajo un 'control totalitario' y que el régimen, desde febrero encabezado por Raúl Castro en lugar de Fidel, perpetró 'numerosas y graves' violaciones de los derechos humanos.
En Cuba 'ha habido muy poco cambio y ciertamente ningún progreso', dijo en una rueda de prensa el subsecretario de Estado interino para Derechos Humanos, Jonathan Farrar.
En Venezuela, el informe denuncia la politización de la justicia, la corrupción gubernamental y el acoso a los medios de comunicación y los opositores.
Además, destaca que una 'vigorosa resistencia' impidió que el presidente Hugo Chávez intentase minar las instituciones democráticas, debilitar a los medios de comunicación independientes, e intimidar a la sociedad civil.
Respecto a Colombia, el principal aliado de EE.UU. en América Latina, al igual que en el informe de 2006, EE.UU. elogió los esfuerzos del Gobierno por mejorar el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
En concreto, hizo hincapié en la Ley de Justicia y Paz que, a su juicio, 'ayudó a esclarecer más de 3.000 crímenes y condujo a la exhumación de fosas comunes, lo que facilitó la identificación de más de mil restos humanos'.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron asesinatos políticos, secuestros y desapariciones forzosas y reclutaron soldados niños.
El informe destacó que México sigue aquejado de problemas de 'impunidad y corrupción' a niveles estatales y locales, y que, 'en general', los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú respetaron los derechos de sus ciudadanos en 2007, al igual que los de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
En estos siete países las 'manchas' fueron los abusos de las fuerzas de seguridad, con muertes incluidas, las malas condiciones de las cárceles, las detenciones por tiempo prolongado sin juicio, el trabajo infantil, la violencia doméstica, la discriminación de las minorías o las amenazas a la libertad de prensa.
En el caso de Perú, el informe señala que 'la organización terrorista Sendero Luminoso, vinculada con el tráfico de drogas, fue responsable de asesinatos y otros abusos de los derechos humanos'.
En el caso de Brasil, el Departamento de Estado destaca la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad de Brasil, tanto en las ciudades como en las prisiones, y el abuso y la explotación sexual infantil como problemas graves.
A pesar de que se han registrado algunas mejoras, la situación de los derechos humanos en Haití y República Dominicana presenta todavía 'serios problemas', según el informe.
Entre los problemas detectados en Haití están tanto las presuntas 'muertes ilegales' por parte de la Policía Nacional, como una 'severa corrupción' en todas la ramas del Gobierno.
En el caso de República Dominicana, el Departamento de Estado sostiene que aún existen 'serios problemas' en el actuar de la Policía y hay 'discriminación hacia los inmigrantes de Haití y sus descendientes'.
La violencia doméstica contra mujeres y niños, la prostitución infantil, la ineficacia de los sistemas judiciales y la dureza de las prisiones ensombrecen el panorama de los derechos humanos en Centroamérica.
Guatemala es de los seis países centroamericanos el que peor parado sale en el informe del Departamento de Estado.
Como en años anteriores, el informe señala que el gobierno guatemalteco no investigó ni castigó 'los asesinatos ilegales cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad'.
El Departamento de Estado destacó el papel de entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones, a través de una extensa red de expertos en asuntos legales, jurídicos y electorales, así como en la reforma de la participación cívica.
Terra Actualidad - EFE
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