Por Esteban Israel
LA HABANA (Reuters) - La decisión del Gobierno cubano de cobrarle impuestos a los empleados de las empresas extranjeras y embajadas ha causado malestar e inusuales protestas entre los trabajadores mejor pagados de la isla.
La decisión afecta a cerca de 5.000 empleados de compañías extranjeras que reciben complementos salariales en moneda dura, un mecanismo no reconocido por la ley pero tolerado bajo el ambiguo concepto de "gratificación."
Los trabajadores de Acorec, una de las agencias estatales de empleo, protestaron duramente el 12 de enero durante una reunión con la viceministra de Finanzas, Nelly Cubillas.
Un video del encuentro en el Teatro Nacional de La Habana, al que Reuters tuvo acceso, muestra a varias personas cuestionando la "base legal" de la medida y pidiendo que, si deben tributar, las gratificaciones sean reconocidas como salarios. Los funcionarios responden que no hace falta.
"En este momento de supuestos cambios es lo más increíble que puede pasar. No voy a inscribirme para pagar algo que no gano," dijo una mujer que se identificó como militante del gobernante Partido Comunista.
El video muestra a la gente riendo a carcajadas cuando un funcionario de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) les informa que deberán pagar 30 pesos convertibles (32,4 dólares) para registrarse como contribuyentes.
Otros destacaron sus credenciales revolucionarias y dijeron que pese a gozar de "privilegios" como automóviles y teléfonos celulares, trabajan hasta 16 horas al día por su país.
Las empresas extranjeras que operan en Cuba deben contratar a sus empleados en moneda dura a través de agencias estatales, que pagan en pesos cubanos que valen 24 veces menos.
La nueva resolución grava las gratificaciones recibidas bajo el mostrador con entre un 10 y 50 por ciento, según un rango de ingresos que oscila entre 2.592 y 64.800 dólares anuales.
En Cuba, donde la educación y la salud son gratuitas y el Estado subsidia fuertemente algunos servicios, un salario medio equivale a 15 dólares mensuales.
Hasta ahora, sólo los empleados por cuenta propia, artistas y escritores declaraban y pagaban impuestos.
REUNIONES SUSPENDIDAS
Tras las protestas en el Teatro Nacional, fueron suspendidas reuniones similares pactadas con empleados de otras tres empresas del Estado que proveen mano de obra a compañías extranjeras.
Los trabajadores contratados a través de Cubalse, una agencia que ofrece servicios a empresas y embajadas, han recibido en sus domicilios una copia de la resolución emitida el 13 de diciembre por el Ministerio de Finanzas acompañada por una carta.
"Le hacemos llegar la mencionada resolución, así como un plegable o instructivo (...) que detalladamente explica cómo proceder en cumplimiento de lo dispuesto," dice la misiva.
Informa, además, que el plazo para inscribirse en el registro de contribuyentes fue extendido un mes hasta el 1 de abril. Dice que funcionarios de Cubalse y ONAT estarán disponibles entre el 30 de enero y 8 de febrero para aclarar dudas.
DECISION POSITIVA
Según Phil Peters, un experto en Cuba del centro de estudios Lexington Institute en Washington, el Gobierno está reconociendo que en Cuba, una sociedad socialista e igualitaria, algunos ganan más que otros.
"Los empleados de las empresas extranjeras han tenido altos ingresos y una exención tributaria de facto. Eso está terminando y comprensiblemente no les agrada. Pero es difícil considerarlo injusto," dijo.
"Si la misma línea se aplica en otras decisiones de política económica, significaría más incentivos, posibilidades de salarios más altos y mayores oportunidades de mejorar la producción y la productividad. Todo eso sería positivo para la salud económica de Cuba," añadió.
Grandes compañías extranjeras aplaudieron la decisión, pues, dicen, les permitirá llevar una contabilidad más transparente de sus operaciones en Cuba.
Muchos empleados están, sin embargo, irritados.
"Nosotros sabemos que los impuestos son normales en todos los países del mundo. Lo que molesta es la forma de imponerlo," dijo un trabajador que pidió no ser identificado.
Un empresario extranjero en La Habana describió la decisión como "una buena idea, mal ejecutada."
(Reporte adicional de Anthony Boadle)
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