Dentro de las proposiciones que se han hecho para aplicar en el momento de la Transición, por parte de algunos politólogos, tanto nacionales como extranjeros, se encuentra el tratar de separar de sus cargos y funciones el menor número de personas integradas en el actual aparato estatal, eliminando sólo a aquellos, mediante un proceso de lustración, que más nivel de comprometimiento o incondicionalidad, hayan demostrado o a los que les han probado su participación, tanto directa o indirecta, en actos violatorios de los Derechos Humanos cometidos contra la población. Esta propuesta tiene sus pros y sus contras, aunque en la misma abundan más las segundas que los primeros.Permitir que sigan ejerciendo como funcionarios, dirigentes que han demostrado su completa impotencia para solucionar los problemas que han estado abrumando a la sociedad cubana, es no solamente dejar abierta la vía para la permanencia de estos problemas, sino que también se brinda la posibilidad de que surjan otros nuevos por lo que es un imperativo la creación de u gobierno totalmente nuevo, tanto en su composición como en sus estructura y sus postulados.
Es por esto que tratar de asumir una actitud conciliatoria, respaldada por una posible conveniencia política, sería no solo un insulto a la democracia, sino que también una traición a aquellos que han empeñado todo en la lucha por su logro.
Todo el poder estatal debe pasar a manos del pueblo, representado por sus mejores exponentes que hayan sabido destacarse y acumular los méritos suficientes durante el enfrentamiento al régimen totalitario sin tener en cuenta si han residido o no permanentemente en el territorio nacional.
Este gobierno debe saber responder a un programa, donde los intereses de todos los sectores de la sociedad, sean o no mayoritarios, deben tener representación y gocen de la correspondiente protección jurídica, como así se establece en un Estado de Derecho Moderno.
Este gobierno deberá asegurar un marco lógico de relaciones con todos los gobiernos democráticos sobre la base del respeto, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos, esforzándose en crear las condiciones para el aseguramiento de la paz y el orden dentro del país y llevar a vía de hecho la Reconciliación Nacional, pero no sobre una base de facto sino de juri.
Otra tarea a enfrentar, es el análisis de todos los tratados signados y rechazar aquellos que menoscaban la dignidad nacional, exigiendo, en cada caso concreto, la correspondiente responsabilidad.
Todas las demás cuestiones nacionales pendientes -distribución de la tierra, determinación del régimen de propiedad, función y composición de los institutos armados, sistema electoral y de partidos- deben dejarse en manos de una Asamblea Constituyente y representativa y un gobierno nacional, quienes se encargaran de disponer y llevar a vía de hechos las disposiciones tomadas.
Otra cuestión que no se debe perder de vista, es instrumentar las disposiciones necesarias para que el nivel de vida alcanzado hasta ese instante, momento de la transición, sino es posible elevarlo de forma inmediata, al menos lograr que los mismos se mantengan hasta que las condiciones económicas permitan cualquier tipo de cambio sobre esta política.
Un gobierno de transición que se desvié de este camino, sería un gobierno impopular y lo que logrará es retardar las soluciones en ves de acelerarlas.
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