LA HABANA, Cuba, abril, (www.cubanet.org) El pasado miércoles 8 de abril, el lic. Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, recibió de parte de agentes de la seguridad del Estado una citación oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, para conversar.
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La entrega de la referida citación aparte de adolecer, en contenido, de los requisitos legales previstos en la Ley de procedimiento penal; se realizó a las 10:50 AM, cuando el encuentro estaba previsto para las 12 horas de ese mismo día.
No obstante, el abogado consintió que el teniente Abel (sin otras generales), oficial citador, lo condujera hasta la unidad policial sita en 110 y 31, Marianao. El lic. Vallín afirma que accedió al encuentro, porque no quiso dar a entender que pretendían ampararse en subterfugios legales.
Calificó las conversaciones de provechosa: “No hubo amenazas, en todo momento mantuvieron en una actitud respetuosa, sin alteraciones”. Alega además que para una próxima plática no necesitan una citación oficial. Esta en disposición de reunirse nuevamente con ellos, siembre que el diálogo se desarrolle en un plano mesurado donde se escuchen las opiniones contrarias.
Como parte de los objetivos propuestos por la asociación que preside el abogado, éste imparte una serie de cursos sobre derechos humanos y la legislación penal cubana. Con respecto a los mismos, el oficial que lo atendió dijo haber escuchado y visto como se impartía, aunque el lic. Vallin no lo recordaba de ninguna de sus clases.
La principal objeción que presenta la seguridad del Estado a la realización de los cursos estriba en el tipo personas que lo reciben. Dividen a la sociedad civil en gente común y las que supuestamente están buscando el aval para obtener visa norteamericanas, acumulando acciones contra el gobierno. Al abogado le sorprendió que no utilizaran los términos contrarrevolucionario ni mercenario para referirse a los opositores interesados en aprender las leyes.
Reconocieron que no tenían objeciones contra los cursos, siempre que no fueran con ese tipo de gente. Consideran que esas personas podían utilizar en algún momento los pactos y el conocimiento jurídico como una forma de atrincherarse contra la revolución, con lo que el licenciado no estuvo de acuerdo. Les recordó, además, que en las cartas que había enviado a la Ministra de justicia, Maria Esther Reus, los invitaba a participar y monitorear la actividad.
Con respecto a los pactos de derechos humanos, pendientes de ratificación por parte del Consejo de Estado, afirmaron que tenían un proceso y que se cumplirían en algún momento, pero no especificaron cuando.
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