LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Los hermanos Fernando Ochoa, de 38 años, y Manuel Ochoa, de 41, residentes en Jústiz, barrio de Guanabo, al este de La Habana, ambos trabajadores de una granja de vacunos, fueron juzgados y condenados recientemente por peligrosidad, sin tener deudas con la justicia, a cuatro años de trabajo correccional con internamiento.
Los también hermanos Ángel y Manuel Rodríguez, de 22 y 19 años, residentes en el mismo poblado, y calificados por sus vecinos como individuos sin ningún tipo de problema social, pero sin vínculos laborales, cumplen una sanción de cuatro años de trabajo, internos en un campamento agrícola.
Este tipo de sanción laboral se aplica en toda la isla, y el número de sancionados (no se incluyen mujeres} deberá aumentar progresivamente según se vayan terminando los albergues para los sentenciados.
Una información atribuida al doctor Juan Escalona, Fiscal General de la República, asegura que el Código Penal será revisado pronto para precisar y sancionar los delitos relacionados con la vagancia y el empleo no autorizado en el campo de la Informática.
Los jefes de sector de la policía en cada barrio del país son los encargados de llevar la ficha de control de cada ciudadano, según ellos, proclives al delito.
En los últimos meses el gobierno está haciendo énfasis a través de los medios y en reuniones oficiales, en la necesidad de la lucha contra el delito de todo tipo, incluida la corrupción, y exige medidas coercitivas más severas, aunque esta lucha es de vieja data.
La prensa oficial refleja que gran cantidad de ciudadanos en edad laboral, en su mayoría jóvenes, deambulan en horario de trabajo por las calles, dedicados a la venta de divisas, zapatos deportivos, muebles, golosinas, verduras y viandas; huevos, frutas y otras mercancías, o sencillamente, ociosos, en heladerías, bares, o “jineteando”.
Un estudio sobre el comportamiento laboral en la oriental provincia Las Tunas, revela que sólo el 65,7 por ciento de la población con capacidad laboral está activa, mientras existen más de 6 mil ofertas de trabajo.
Cifras sobre ocupación ligeramente menores se dan en el resto de las provincias, mientras que el régimen se empeña en asegurar que en general son personas que no quieren trabajar; pero las mismas afirman que el salario ofrecido no cubre ni medianamente el alto costo de la vida, y que los que sí trabajan tienen que “inventar” por otras vías para sobrevivir.
La implementación actual del empleo obligatorio para los varones a partir de los 17 años hasta los 60, hace recordar la severa aplicación del Decreto Ley 1273 del año 1973, incluido su propio y específico tribunal con características muy parecidas al operativo de estos momentos contra la vagancia y “otras conductas antisociales”, según denominación oficial. Este decreto fue derogado en 1986.
Diez años antes, el 16 de noviembre de 1963, se estableció el Servicio Militar Obligatorio (SMO), y poco después, el primero de enero de 1964, pomposamente llamado Año de la Economía, se crean las tristemente recordadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), adscritas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, campos de concentración a donde fueron a parar (vía SMO), en condición de presos, no de soldados, miles de personas consideradas desafectas a la revolución, desde homosexuales hasta miembros activos de todas las religiones del país, incluidos santeros y Testigos de Jehová. También los desempleados.
La repulsa que originó la UMAP nacional e internacionalmente, aconsejó al régimen su desarticulación en 1974, pero aquel fantasma, según todo indica, reaparece, aunque en condiciones más humanas y llevaderas para los reos.
El desempleo en Cuba después de 1959, luego de la desaparición de la propiedad privada, presenta otros antecedentes. El 17 de mayo de 1972, por ejemplo, en una importante reunión de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Fidel Castro acuñó la política del estado en materia laboral con la expresión “el que no trabaja no come”.
El XI Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), efectuado en 1967, señaló el aumento de la producción como objeto principal del sindicalismo cubano.
En fecha tan lejana como el 8 de agosto de 1969, Jorge Risquet, entonces ministro del Trabajo, afirmó: “El ausentismo y la negligencia en el cumplimiento laboral son fenómenos crecientes contra los que es necesario emprender una lucha multiforme. La negligencia de un obrero es también la de su jefe, incapaz de exigirle a sus subordinados el cumplimiento de sus deberes con la energía necesaria.
Exigencias a las que, 39 años después, se corona con nuevos campamentos de trabajo obligatorio, copias de aquellas Unidades Militares de Ayuda a la Producción.
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