jueves 31 de enero de 2008 19:14:00
Fuerzas policiales desalojaron de forma violenta este martes a más de sesenta familias holguineras en lo que se considera el inicio del plan de represión más grande que haya vivido la ciudad nororiental en los últimos tiempos.
En las primeras horas de la mañana se presentaron en el barrio de El Pití alrededor de cien miembros de la policía especializada y un número similar de agentes de la Seguridad del Estado y redujeron a escombros el asentamiento, que desde hace más de cinco años formaba parte de la geografía cada vez más irregular e incómoda para el poder.
Ante la reacción de los vecinos del lugar por preservar sus bienes, los efectivos policiales no dudaron en abalanzarse sobre ellos y causaron heridas a una decena de desalojados, incluidas cinco mujeres, quienes tuvieron que ser trasladados al hospital provincial.
"Esto es una cosa inconcebible, que luego de tantos años ahorrando y malviviendo para hacer una casita vengan y te destruyan todo sin el más mínimo respeto", dijo en el lugar del incidente una mujer que vio desaparecer sus propiedades ante la mirada cómplice de los represores y "vecinos confiables", convocados para evitar manifestaciones de afectados.
Entre los detenidos se encontraban varias personas que se abalanzaron contra los bulldozer, así como un joven que tomó varias fotos del incidente. "Aquí no hay quien viva, esto es un abuso", se oía en voz baja pero casi a coro entre los pocos testigos que pudieron presenciar el enfrentamiento.
El hecho coincide con las recientes declaraciones del primer secretario del Partido Comunista en el territorio, Miguel Díaz-Canel, quien no acepta que más de 700 familias hayan tenido que establecer sus casas "en zonas que son del interés del ejército, la reforestación y los planes futuros de indrustrialización".
En estos momentos existe el temor generalizado entre la población holguinera de que actos como este no sean aislados ya que han recibido amenazas de desalojo otras familias que han tenido que construir sus viviendas de forma ilegal debido a la burocracia y las prohibiciones con que el régimen castrista impide que un ciudadano pueda acceder a una casa.
Una fuente vinculada a la dirigencia política en Holguín y que pidió mantenerse en el anonimato manifestó a ENCUENTRO EN LA RED que los máximos responsables locales y el Ministerio del Interior habían dado ya la orden de comenzar los desalojos "pero estaban esperando que pasaran las elecciones del 20 de enero para evitar un problema político en la ciudad".
La fuente dijo que los operativos incluyen la intimidación a aquellas personas que no abandonen por su propia voluntad esas viviendas, y que "se les está amenazando con la pérdida del vínculo laboral en los casos que así corresponda o con multas que pueden llegar a ser de 1.500 pesos (60 dólares)".
La escasez de viviendas es uno de los principales problemas que afectan a los cubanos. El propio gobierno ha reconocido un déficit de centenares de miles de casas en el país y el incumplimiento reiterado de los planes de construcción.
Muchos cubanos se han visto obligados a tomar terrenos ociosos y construir en ellos de forma ilegal viviendas precarias para resolver sus necesidades.
En el momento de redactar esta noticia se supo que varias comisiones multifactoriales integradas por miembros de la Seguridad del Estado, la Dirección de la Vivienda y del Partido Comunista comenzaron a realizar visitas a diez de los más de sesenta asentamientos que en la Ciudad de Holguín "se encuentran en zonas de riesgo", según declaró la fuente, quien comentó además que en las próximas semanas se demolerán otros "barrios ilegales" y "se tomarán medidas drásticas con los que violan el orden establecido".
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