12/11/2007

Cuba: ¿cambio de rumbo en DD.HH.?

Fernando Ravsberg
Fernando Ravsberg
BBC Mundo, La Habana

Canciller cubano, Felipe Pérez Roque
El canciller hizo su anuncio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, anunció que su país firmará dos protocolos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos, que hasta ahora se había negado a suscribir debido, según dijo, "al trato discriminatorio al que era sometida Cuba".

Los convenios internacionales a los que se sumará el próximo año La Habana son los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos políticos y sociales.

El anuncio, y las protestas

El ministro de Relaciones Exteriores también dijo que Cuba se someterá en 2009 al mecanismo de revisión periódica universal instituido por el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pérez Roque afirmó que estos pasos de su país son posibles porque el organismo internacional dejó a un lado lo que él calificó como políticas discriminatorias impulsadas por Estados Unidos.

"Cuba no ha actuado ni actuará jamás bajo presiones", dijo.

Limitaciones

Para Cuba esta firma implicará cambios jurídicos importantes, ya que existen limitaciones en el respeto de algunos de los derechos económicos, políticos y sociales contemplados en la carta de Naciones Unidas.

Protesta de las Damas de Blanco en La Habana
Este lunes, las Damas de Blanco exigieron la liberación de sus familiares presos.
Todas las organizaciones opositoras y de derechos humanos, por ejemplo, son ilegales porque el ministerio de Justicia no les reconoce el derecho a existir, mientras se prohíbe también la actividad de periodistas disidentes.

Problemas con otros derechos, como el de viajar al extranjero, afectan a toda la población.

El departamento de Inmigración y Extranjería exige cartas de invitación y otorga permisos de salida a discreción, cobrando además por todos los trámites casi US$400, en un país en que el salario mensual oscila entre US$10 y US$20.

Los médicos tienen prohibida la salida del país por razones personales y a los familiares de los funcionarios que abandonan la isla se les impide la reunificación familiar por un plazo mínimo de cinco años, quedando retenidos en Cuba.

"Jugada de engaño"

El presidente de la ilegal Comisión de Derechos Humanos de Cuba, Elizardo Sánchez, le dijo a BBC Mundo que seguramente el gobierno decidió "firmar eso y después seguir violando los derechos de los cubanos".

Partidarios del gobierno gritan contra manifestantes en La Habana
Partidarios del gobierno gritaron contra los activistas de los derechos humanos.
Sánchez calificó el gesto de las autoridades como una "jugada de engaño" para entretener a la opinión pública mundial, pero agregó que es un error del gobierno porque, según él, "deberían comprender que ya no les queda tiempo para estos juegos".

La disidencia, en general, se mostró dividida. Mientras que el economista Óscar Espinosa Chepe calificó la medida de "positiva", Marta Beatriz Roque, dirigente de la Asamblea para la Sociedad Civil dijo que le movía "a risa".

El gobierno mantiene a todos estos grupos en la ilegalidad y los acusa de ser mercenarios al servicio de Estados Unidos.

Sus miembros son periódicamente detenidos y, en ocasiones, condenados a duras penas de prisión.

"Ya no está manipulado"

El canciller cubano aseguró que los derechos contenidos en los dos pactos de la ONU son respetados en Cuba por el ordenamiento jurídico y por "la obra de la revolución cubana desde el 1º de enero de 1959".

Pérez Roque reiteró que su país da este paso porque el tema "ya no está manipulado" por los intentos de EE.UU. de "utilizar" el tema de los derechos humanos para justificar las políticas hostiles contra la isla.

De hecho, la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU intentó convencer al gobierno cubano que le permitiera la entrada a un relator especial, pero La Habana se negó, por considerarlo una política discriminatoria impulsada por Washington.

A partir de la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -del cual Cuba es miembro- y de la eliminación del relator especial, es que el gobierno reinicia la colaboración en este tema con el organismo internacional.

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